Las elecciones primarias venezolanas celebradas el pasado 22 de octubre no configuran meramente un paso previo a las presidenciales de 2024, sino que se constituyen como una suerte de filtro mediante el cual se define el candidato de la oposición, o a fines prácticos, el candidato antichavista. En adición, permite aglutinar opiniones divididas en la facción opositora, de cara a una estrategia que represente la disconformidad de los venezolanos con el gobierno actual y dotarla de un mayor impulso frente a una hipotética transición a la democracia.
La facción opositora se encontraba inicialmente constituida por 13 candidatos, siendo 4 mujeres: Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano), Tamara Adrián (Unidos por la dignidad) , Gloria Pinho (Movimiento por ti Venezuela) y María Corina Machado (Vente Venezuela), y 9 hombres: Andrés Caleca (Independiente), Andrés Velásquez (La Causa R), Henrique Capriles Radonski (Primero Justicia), Carlos Prosperi (Acción Democrática), César Almeida (UPP89) , César Pérez Vivas (Partido Centro Democrático), Freddy Superlano (Voluntad Popular), Luis Farías (Independiente) y Roberto Enríquez (Copei-Odca). De esta oferta electoral inicial, tres de ellos retiraron sus candidaturas antes del 22 de octubre (Capriles, Superlano y Enríquez).
A principios de octubre, una encuesta realizada por ORC Consultores reflejaba que Machado, Capriles y Superlano se posicionaban en las primeras tres posiciones con relación a intención de voto (alrededor del 50%). Ahora bien, si se tiene en consideración el imponente 92% de los votos que obtuvo Machado en las primarias, los números de la consultora fueron cuando menos, moderados. La candidata de Vente Venezuela, se autodefine filosóficamente como "liberal de centro" e integra la Red Liberal de América Latina. Asimismo, hace énfasis en que su partido es el único "no socialista" del espectro político venezolano, un aspecto que en teoría lo distingue de otros partidos de la oposición con tinte socialdemócrata. Pese a esto, intenta evitar la etiqueta de derecha. Los resultados de la oposición no deberían haber despertado algo más que cierto malestar en el Gobierno, producto de la enorme movilización del 22 de octubre (más de dos millones de personas), a no ser que se ignore un determinado factor y que el chavismo utilizaría para invalidar el proceso: la inhabilitación de Machado para ejercer y postularse a cargos por un periodo de 15 años.
Cabe destacar que dicha sanción fue emitida por la Contraloría General de la República, sanción, que en principio era de doce meses y expiró en 2016, fue prorrogada en junio pasado por otros quince años, siendo esta última conocida a pocos días de que Machado se inscribiera como candidata a las primarias de la oposición. Por supuesto, desde el antichavismo se rechazan estas medidas, a las que consideran ilegales. Llegado a este punto, es menester traer a colación el Acuerdo de Barbados, celebrado a menos de una semana de las primarias.
Dicho acuerdo no solo significó un intento por retomar negociaciones entre el gobierno y un grupo de partidos de la oposición (Plataforma Unitaria), sino que preveía mejoras en las garantías electorales de cara a las elecciones presidenciales. Si se tiene en cuenta que en las negociaciones se encontraban representantes, entre otros tantos países, de Estados Unidos, se puede afirmar que el Acuerdo no solo tenía un carácter puramente nacional, sino que impactaría directamente en la vinculación que Venezuela tendría con la comunidad internacional por lo menos a corto plazo. En este sentido, y retomando la senda de la inhabilitación de Machado, se debe mencionar lo que, casi con total seguridad, se constituye como el asunto más controversial del acuerdo. Es aquella cláusula que justamente habla de promover:
“La autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana”.
De lo anterior se podría desprender que, a cinco días de las primarias, tanto gobierno como oposición habían logrado ponerse de acuerdo en cuanto a una serie de garantías mínimas para llevar a cabo el proceso electoral. No obstante, a solo unos minutos después de producirse la firma del acuerdo, Jorge Rodríguez, el jefe negociador designado por el gobierno, en un intento por desconocer la cláusula, expresó que:
“Quiénes están inhabilitados por la Contraloría General de la República, no podrán ser candidatos a cargos de elección popular”.
Las palabras de Rodríguez vaticinaban la reacción del gobierno al día siguiente de las elecciones. Ni bien conocidos los resultados, desde el bloque chavista se denunció fraude y hubo una movilización hacia la fiscalía, a fines de acusar a los organizadores del proceso de haber incurrido en supuestos delitos como asociación para delinquir, legitimación de capitales y usurpación de funciones. En tanto los citados a declarar el lunes en calidad de investigados, el Tribunal Supremo de Justicia ya se pronunció al respecto y dictó una sentencia para invalidar la victoria de Machado.
No se trata de una maniobra novedosa, sino que ya fue empleada anteriormente para bloquear las iniciativas de la oposición. Adicionalmente, desde el supremo, controlado por el chavismo, se ha dado lugar a un recurso introducido por el diputado José Brito, quien es miembro de una oposición ad hoc, los alacranes, que el propio régimen pudo lograr constituir bajo su ala. La decisión del supremo deja sin efecto todas las partes del proceso autogestionado por partidos políticos y sociedad civil bajo la organización de la Comisión Nacional de Primarias, pero al mismo tiempo ordena consignar en los próximos días todos los documentos que anteceden la organización de las primarias, entre los que se encuentran las actas de constitución de las mesas electorales, las papeletas, las actas de escrutinios, los cuadernos de votación, el acta de adjudicación y la de proclamación. Tal medida recuerda a la empleada contra Hugo Chávez, cuando se utilizaron los datos de la recolección de firmas para activar el referéndum revocatorio contra su gobierno, con el fin de perseguir a la oposición y para filtrar el ingreso y permanencia en la Administración pública.
El Acuerdo de Barbados no solo perseguía la promoción de ciertas garantías electorales. Por medio de su firma, Maduro negoció un alivio transitorio a las sanciones impuestas por los Estados Unidos, lo cual se tradujo en una serie de licencias amplias, pero temporales. Comercializar el crudo venezolano al mercado estadounidense como compensación a la reanudación de negociaciones con la oposición. La premisa parecía simple, aunque las primarias demostraron unos grises que se desprendían del propio acuerdo. En primer lugar, se debe tener en consideración que el chavismo se adjudicó la exclusividad del Consejo Nacional Electoral en la organización de elecciones, sin tener sustento jurídico, para invalidar el proceso. En segundo lugar, se encuentra la interpretación de la oposición en cuanto a la senda para levantar las inhabilitaciones políticas. En tercer lugar, se encuentran las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien además expuso otros compromisos, como la liberación de presos políticos y la habilitación de todos los candidatos antes de que finalice noviembre. Sin embargo, el acuerdo de Barbados contempla textualmente la existencia de un procedimiento conforme a la legislación venezolana sobre la cual se determine quiénes están autorizados a ser candidatos presidenciales. En este sentido, al pronunciarse sobre un proceso específico, no hay certeza que pueda consagrarse una obligación por parte del chavismo de habilitar a Machado, así como también a otros políticos de la oposición como Capriles y Superlano.
Desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya se han pronunciado ante la suspensión de los efectos de las primarias, indicando que el gobierno tomará medidas si Maduro y sus representantes no cumplen los compromisos en el marco de la hoja de ruta electoral del Acuerdo. La administración Biden está consciente de que la concesión de garantías electorales está directamente vinculada con la recuperación de la economía venezolana, producto de los ingresos obtenidos por la flexibilización de sanciones y si dicha recuperación es lo suficientemente amplia como para que la popularidad del régimen aumente. En este aspecto, no se debe pasar por alto que el carácter temporal de estas flexibilizaciones limita el propio impacto que podrían tener las mismas en el aspecto económico, tanto en duración como en intensidad, configurando un escenario en el cual un Maduro, desprovisto del impulso de la economía venezolana y su consecuente insuficiencia para recuperar apoyo político, termine por concluir que el chavismo no puede darse el lujo de cumplir con las demandas del Acuerdo, traduciéndose en su incumplimiento.
Teniendo en consideración las demandas de la comunidad internacional, no es de extrañar que quizá estas sean demasiadas para el orden institucional de Maduro y su continuidad. Entre inhabilitaciones y concesiones, la realidad nos muestra que la crisis política venezolana ha vuelto a caer en un stand by.
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