Habiendo asumido como presidente de El Salvador en 2019, Nayib Bukele representó un recambio generacional dentro de las instituciones públicas, atrayendo la mirada de adultos de temprana y mediana edad, quienes creían que la política debía aggionarse, transformando en el proceso la vida de los salvadoreños, brindando soluciones rápidas pero eficientes a los problemas apremiantes que anteriores gestiones no supieron resolver.
Con una alta tasa de crimen organizado, El Salvador ocupó en varias ocasiones el top 5 de países con mayor cantidad de homicidios violentos, reportando en 2015 un total de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes, alcanzando las 18 muertes cada 24 horas, liderando el primer lugar entre los países más violentos del mundo. Hoy día, la República de El Salvador no ocupa siquiera los primeros diez lugares.
Tras la asunción del presidente y dos largos años bajo un régimen de excepción, Bukele ha cosechado grandes victorias durante su gobierno. Entre ellas, en 2021 El Salvador presentó la tasa de criminalidad más baja en la historia reciente del país, se desarticularon importantes grupos criminales, se liberaron zonas consideradas impenetrables y se instaló un “Plan de Control Territorial”, que consiste en una figura legal que suspende derechos constitucionales para aquellos asociados o involucrados directamente con organizaciones criminales.
No obstante, dichas medidas han sido fuertemente criticadas por organizaciones internacionales y activistas por los derechos humanos, por considerarlas autoritarias y contraproducentes, alegando que existe evidencia respaldatoria en que la severidad y la exclusión social no construyen sujetos menos violentos o que puedan ser reinsertados en sociedad.
Lejos de retroceder, Bukele recriminó que las organizaciones de derechos humanos “pretendían que hiciéramos lo mismo que se hizo en el pasado […] Ninguna transformación que valga, puede ser obedeciendo poderes externos”. También alegó que mucha de la violencia interna era financiada por agentes extranjeros, mismos agentes que luego pedían un trato compasivo para criminales y terroristas.
Algunos de los hechos más cuestionados durante el gobierno de Nayib, y por los que se ganó el apodo de autoritario, fueron la destitución y reemplazo de 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Asamblea Legislativa, bajo autoridad del oficialismo, y la destitución de un tercio de los 690 jueces del país. Esta situación generó manifestaciones por parte de la oposición, quienes acusaron al mandatario de centralizar el poder bajo su órbita.
Otro episodio cuestionable fue la decisión de aceptar el bitcoin como medio de pago legal, medida criticada por el Fondo Monetario Internacional por la volatilidad de las monedas virtuales.
Finalmente, la medida más controversial fue, en efecto, la reelección consecutiva tras un mandato finalizado, dada la prohibición estipulada en la Constitución Nacional. La posibilidad de reelección consecutiva tras el mandato de Bukele, no obstante, fue concedida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mismo organismo que fue intervenido y depurado por el oficialismo a través de la Asamblea Legislativa en 2021.
Es en este punto que, pese a la enorme popularidad y evidente legitimidad social de Bukele, a quien la mayoría de la población salvadoreña considera un líder y político confiable, la trazabilidad democrática y su continuidad, como hoy la conocemos en El Salvador, peligra.
Actualmente, Nayib Bukele posee mayoría democráticamente elegida por el pueblo, pero que ‒innegablemente‒ facilita la concentración del poder en manos de un único partido (Nuevas Ideas).
Con una oposición reducida a su mínima expresión, el sistema republicano salvadoreño podría quebrantarse. Los límites entre la separación de poderes y su frágil equilibrio podrían desembocar en un auténtico régimen autoritario dictatorial, sin necesidad de derogar poderes o anular el sufragio directo.
Queda esperar a las elecciones generales que se celebrarán el 4 de febrero del presente año, las cuales definirán el curso político de El Salvador y la continuidad o no de la Era Bukele.
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