A finales del pasado mes de julio en Camboya el Partido del Pueblo Camboyano (PPC) obtuvo el triunfo en las elecciones generales con un total del 84.54% de los votos, reafirmando el poder dentro de la Asamblea Nacional con una mayoría parlamentaria de 120 escaños y consagrando una vez más al Primer Ministro Hun Sen, conocido como uno de los mandatarios con más tiempo en el poder, con un total de más de 35 años activos en su cargo y quien prepara su retiro con la sucesión de su hijo mayor Hun Manet.
Pese a la gran participación electoral por encima del 84,2 % que consagró la victoria del partido gobernante, la misma no fue reconocida por observadores electorales, organismos internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea, y países como Estados Unidos, que expresó mediante el portavoz del Departamento de Estado, Mathew Miller: “Estados Unidos está preocupado porque las elecciones nacionales camboyanas del 23 de julio no han sido ni libres ni justas”. Esto se debe a la ausencia de una clara oposición y sospechas que rodean a los otros partidos políticos, acusados de ser inventados para las elecciones y de mantener una relación de dependencia directa con el partido en el poder.
¿Por qué las elecciones generales de Camboya no son válidas? Porque en el mes de mayo el Partido de la Luz de las Velas, principal fuerza opositora, fue invalidado por la Comisión Electoral de Camboya, la cual rechazo su inscripción e inhabilitó su participación electoral de cara a las próximas elecciones, argumentando incumplimiento burocrático. Además, desde su creación en 2022 han sido perseguidos y amenazados por el gobierno mediante ataques violentos y persecuciones judiciales, han encarcelado a dirigentes políticos y condenaron al principal líder opositor Kem Sokha a 27 años de prisión domiciliaria y una inhabilitación para ocupar cargos políticos.
No es la primera vez que la oposición ve frustrada sus intenciones de participar activamente en la contienda política, desde 2005 el gobierno de Camboya liderado por el premier Hun Sen mantiene un fuerte poder totalitario, en complicidad con las Fuerzas Armadas y el poder judicial, donde ejerce medidas represivas contra los partidos políticos de oposición, los activistas y ciudadanos opositores, cuando peligro su continuidad en las elecciones, y contra los diarios, revistas, programas de televisión y radio, declarando el cierre de los mismos o censurándolos. Esta situación fue complejizada con la implementación de la Ley de Lesa Majestad, sancionada en 2018, que considera como delitos cualquier palabra, gesto, escrito o imagen que atente contra la dignidad del rey soberano y contempla penas de hasta cinco años de prisión, la cual en realidad tenía como objetivo principal desalentar el ascenso de nuevos partidos políticos y utilizarla como argumento para detener y censurar a aquellos opositores que realizaban protestas y se expresaban en redes sociales.
En este contexto político y social fueron llevadas a cabo estas nuevas elecciones, donde expulsaron ONGS, como la ONG Licadho camboyana, al igual que hicieron en 2018 con la organización estadounidense National Democratic Institute (NDI), y además, detuvieron activistas políticos. La multipolaridad representada por 18 partidos no asevera un adecuado proceso electoral y tampoco legitima la victoria del PPC. Fueron declaradas como unas elecciones con un carácter democrático gravemente restringido por Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Unión Europea y países como Estados Unidos y Japón.
Estas elecciones, a diferencia de las otras, simboliza un importante acontecimiento en la historia de Camboya al presentarse una transición en el poder luego de más de 35 años, donde el premier Hun Sen podrá abandonar el cargo, al menos centralmente, y consumar la sucesión de su primogénito Hun Manet, actualmente integrante de las Fuerzas Armadas de Camboya y cabecera del partido.
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