El pasado lunes 4 de septiembre tuvo lugar en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña (CABA) un "homenaje a las víctimas del terrorismo”, como lo mencionaba en sus redes sociales la candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza, Victoria Villaruel.
La convocatoria generó un fuerte repudio por gran parte de la sociedad. Para muchos argentinos, este homenaje representa la aspiración del negacionismo en reflotar teorías que creíamos olvidadas tras 40 años de democracia continua.
“Lo que hacen Villarruel y su espacio político es una provocación para ganar notoriedad sobre temas superados por la sociedad argentina y convalidados por la justicia nacional e internacional. Su discurso nos retrotrae a lo peor de nuestra historia, intenta sembrar confusión y promover el odio entre los argentinos”, sostuvieron en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo.
Sin embargo, para muchos otros, supone un espacio para recordar a aquellos civiles y efectivos que, producto de la contraofensiva de organizaciones militantes, fueron víctimas de sus enfrentamientos, secuestros y, en algunos casos, atentados.
Es en este punto de la discusión donde debemos considerar las consecuencias y los efectos discursivos de cómo se proyecta parte de la historia argentina donde, según los familiares de las víctimas, no pudo ser reconstruida auténticamente la verdad, la memoria y la justicia por parte del Estado argentino.
El problema resulta en los medios utilizados para alcanzar esta reconstrucción, la intención detrás de la misma y lo que se entiende por memoria, verdad y justicia.
Las víctimas, en definitiva, son el resultado de un Estado inmerso en una crisis constitucional que derivó en golpes militares implantados para consolidar un poder centralizado, instalando un modelo económico y político específico y un auténtico terrorismo de Estado. Según Londoño, periodista latinoamericano de New York Times, funcionarios estadounidenses revelaron ‒a través de documentos desclasificados de la CIA‒ que militares argentinos habían torturado y asesinado a Osatinsky, guerrillero argentino fundador de la organización FAR, mintiendo sobre las circunstancias de su muerte, deshaciéndose del cuerpo del mismo antes de que pudieran realizarle una autopsia.
No se desestima la necesidad de ser parte del relato de aquellos que luchan para que sus seres queridos estén inscriptos y sean recordados por ser víctimas de ciertos grupos políticos de nuestra historia. Lo que no podemos permitir como país, es que estos sucesos y crímenes cometidos por civiles, sean semejados a los cometidos por personas instruidas y militarizadas que planificaron y participaron en golpes de Estado a lo largo y ancho del continente; torturando, asesinando y secuestrando con la intención de “depurar” a la sociedad de pensamientos disímiles o por simple placer, haciendo uso ilegitimo de las fuerzas de seguridad nacional, e ignorando su deber y juramento de proteger a los ciudadanos y ciudadanas.
La deshonestidad detrás de este homenaje y la intencionalidad discursiva de dotar estos relatos como “pruebas” para avalar teorías negacionistas ‒dado que quienes realizaron el “homenaje” han demostrado públicamente y en reiteradas ocasiones un auténtico avasallamiento a los derechos humanos y lo construido en democracia‒, con conocimiento o no por parte de los familiares de las víctimas, propician que la sociedad no admita ni reconozca otras víctimas que no sean las asesinadas, torturadas y secuestras por los militares.
Los crímenes y las victimas de organizaciones militantes existen, pero esto no da lugar a poner en cuestionamiento la posibilidad de dos “bandos” que se enfrentaban o si “verdaderamente” se trató de un terrorismo de Estado.
Aceptar y transitar la vida en democracia, es aceptar el deber civil de defenderla, en todas sus formas y sentidos. Todo aquello que no sea construido desde y por la democracia, es una aberración y una muestra de un poder ilegítimo, donde la justicia, la paz y la libertad, no tienen lugar. Cabría pensar que los defensores del liberalismo son capaces de entender estos conceptos y dejar de utilizar el sufrimiento de personas con motivos políticos para desestimar una lucha que, además, es reconocida por sus propiciadores.
“Estos documentos nos recuerdan la desagradable realidad de los golpes militares y los regímenes que les siguieron. Dar acceso a los registros es el baluarte más fuerte contra el revisionismo reaccionario que quiere mostrar una imagen linda de los regímenes militares en el Cono Sur”, explica Peter Kornbluh, analista senior del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Finalmente, hemos de reconocer que, una vez más, la posibilidad de incluir en la historia oficial otras realidades sucedidas durante ‒y en consecuencia‒ de la dictadura, no es posible si suponen negar la verdad, ignorar la memoria y relevar la justicia.
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