Los suizos se acercan a las urnas de nuevo tras nueve meses desde su última votación federal.
Septiembre de 2022, esa fue la última vez que el electorado pudo votar en base al funcionamiento de su sistema democrático. Ahora, tras ciertos retrasos en la gestión del Ejecutivo, el 18 de junio se deben tomar decisiones sobre temas cruciales para el país. El aplazo tiene que ver con la organización dentro del Parlamento tras la crisis que lo afectó durante la pandemia. Estos son el impuesto mínimo global, la transición energética y por tercera vez, la ley COVID-19.
El primer tema se relaciona con la modificación en la Constitución Federal Suiza, es decir un referéndum obligatorio, esto tiene que ver con la tasa impositiva que existe en los cantones y su relación con el paraíso fiscal que caracteriza al Estado. El impuesto mínimo global fue determinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los miembros del G20 con el fin de lograr una equidad fiscal en el plano internacional. Buscan establecer un 15% a las empresas multinacionales repartidas en 138 países del mundo.
Para que Suiza, miembro en la OCDE desde 1961, pueda incorporar esta nueva política fiscal debe hacer un cambio en su Constitución y así aplicarla en todos los cantones. Debemos recordar que cada cantón dispone de una gran autonomía donde a nivel económico y fiscal determina el porcentaje de impuestos, por eso mismo para que la Confederación pueda cumplir con esta nueva regla internacional el Consejo Federal debe poder intervenir en la soberanía fiscal de cada cantón mediante una tasa fiscal complementaria.
Si bien esta decisión fue aprobada por el Parlamento el 16 de diciembre de 2022. Los pasos a seguir, tal como lo determina la ley, es que el pueblo decida respecto al cambio dentro de la Constitución. Aunque se espera que sea positivo, ya que tanto el Poder Ejecutivo y el Parlamento apoyan esta reforma.
En lo que respecta a la transición energética, se busca que el pueblo suizo se pronuncie sobre la nueva ley del clima. En ella se determina que Suiza tenga una inexistente emisión de gases de efecto invernadero de la actualidad a 2050. Además de una ayuda financiera con el fin de sustituir la calefacción de gas y petróleo por otra opción más amigable y sustentable con el medio ambiente.
La Ley Federal de Protección del Clima, Innovación y Seguridad Energética declara que deben hacer “uso de tecnologías de emisiones negativas; adaptación y protección contra los efectos del cambio climático; y orientación de los flujos financieros hacia un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático”
Si bien en panoramas generales la ley tiene un apoyo por parte de los partidos, la Unión Democrática de Centro (UDC), el partido con mayoría a nivel nacional, hace la excepción declarando que esta nueva normativa podría tener un efecto contraproducente respecto a los costos energéticos que se reflejarán en las facturas de cada hogar. Además de la crisis energética que existe en Europa. La UDC consiguió reunir más del doble de las 50.000 firmas necesarias para oponerse a este proyecto.
Esta ley fue redactada como una contra propuesta a la Iniciativa Glaciar, una iniciativa popular llevada a cabo por la Asociación Suiza para la protección climática, pero esta fue rechazada por el Parlamento y el Gobierno por considerarla excesiva ya que prohíben las fuentes energéticas fósiles. A diferencia de este nuevo proyecto de ley, donde no explícitamente se busca reducir los efectos mediante la prohibición.
Por último, el tema COVID-19 vuelve a las urnas por tercera vez, donde podemos destacar que este país fue el único del mundo en dar un espacio de votación para que sus ciudadanos regulen las medidas sanitarias en base a la pandemia. Si bien el pueblo apoyó al Gobierno durante su gestión en medio de la crisis sanitaria, diferentes asociaciones han presentado referéndums para manifestarse contra los certificados de vacunación.
En los aspectos positivos, la ley permite que en caso de una nueva pandemia o sucesos regresivos de ella, el Gobierno pueda actuar de manera rápida y eficaz con el fin de proteger tanto al sistema sanitario como a las personas vulnerables a este virus. En cuanto a los argumentos negativos de la ley, el pase sanitario tiene carácter discriminatorio e innecesario, además de que la pandemia ya ha pasado. Por otro lado, sostienen que la ley es antidemocrática y el Consejo Federal obtiene demasiado poder para actuar. De nuevo, la UDC vuelve a posicionarse en contra de esta ley.
Ahora, la decisión final la toman los ciudadanos ¿Qué vale más para el pueblo suizo? ¿Cambiar su política fiscal o perder ingresos debido al acuerdo mundial con la OCDE? ¿Cumplir con las expectativas climáticas o evitar un consumo masivo en medio de una crisis energética? ¿Mejoras en la gestión de una futura pandemia o derogar la ley?
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